La Unidad de Información y Análisis Financiero (en adelante “UIAF”) es una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto 1068 de 2015. Su función principal se centra en la prevención, detección y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), para ello la entidad se encarga de centralizar, sistematizar y analizar información suministrada por entidades reportantes y fuentes abiertas.
Este contacto directo que mantiene la UIAF con entidades reportantes y fuentes obliga a la entidad a adaptar constantemente sus requerimientos a las dinámicas cambiantes del mercado, de los modelos de negocios disruptivos y de las nuevas tecnologías que se incorporan y que pueden implicar actividades o escenarios que favorezcan el lavado de activos o la financiación de actividades al margen de la ley.
Pues bien, con las consecuencias legales y de mercado que esto puede tener, la UIAF ha identificado a las operaciones sobre activos virtuales como especialmente relevantes en términos de riesgo LA/FT y ha decidido dar un paso hacia adelante en la regulación de los mercados de activos virtuales. Esto, en línea con recomendaciones internacionales, por ejemplo, del GAFI, del que hablaremos más adelante.
No podemos olvidar que para el año 2019, el volumen de transacciones de activos virtuales, como Bitcoin, ascendió a cerca de 124 millones de dólares, demostrando una tendencia alcista y una mayor preferencia de los consumidores financieros por este tipo de activos. Lo que implica que estos mercados cada vez ganan más relevancia sistémica, es decir, son más importantes para la economía y sus agentes.
En este contexto, el pasado 15 de diciembre de 2021, la UIAF expidió la Resolución 314 del mismo año (en adelante la “Resolución”), mediante la cual impone una serie de obligaciones de reporte de información, a partir del primero de abril de 2022, por parte de personas naturales o jurídicas que provean servicios con activos virtuales en Colombia.
Las disposiciones de esta resolución surgen en virtud de la Recomendación No. 15 de 2019 emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de la cual se exhortó a los países a garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales se encuentren regulados y sean sujetos a sistemas de monitoreo periódico de sus operaciones. Esto, con el ánimo de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, que la entidad considera que son inherentes a la anonimidad y descentralización de las operaciones sobre activos virtuales, principalmente, criptoactivos.
En primer lugar, la Resolución establece que un activo virtual es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede usar para realizar pagos o inversiones. De esta definición, se excluyen los valores y otros activos financieros que ya se encuentren previamente definidos en las recomendaciones GAFI. Ahora bien, se establece que los sujetos obligados a reportar información son aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividades de intercambio, transferencia, custodia o provisión de servicios financieros relacionados con activos virtuales. A estos sujetos se les define como entidades prestadoras de servicios de activos virtuales, un concepto novedoso en el ordenamiento jurídico colombiano.
La resolución establece que los sujetos obligados deben presentar, en los términos que señala la Resolución, un informe periódico asociado a las actividades realizadas con activos virtuales. En particular, debe presentarse, de manera directa e inmediata, un reporte de operaciones sospechosas. En este documento debe señalarse si se llevaron a cabo operaciones que, por su número, cantidad o características, no son usuales dentro del curso ordinario de tales negocios. Este reporte deberá realizarse a través de la plataforma “SIREL”, dispuesta para tal efecto. No obstante, en caso en que el sujeto obligado considere que no se llevaron a cabo operaciones sospechosas, existe el deber de reportar tal situación ante la UIAF, de manera mensual, durante los primeros veinte días (20) calendario.
De la misma manera, los sujetos obligados deben reportar, de manera mensual y durante los primeros veinte (20) días calendario, las transacciones individuales o múltiples que se realicen sobre activos virtuales durante el término señalado. Por transacción múltiple se entiende como aquella que, en su conjunto, iguala o supera los cuatrocientos cincuenta dólares americanos (USD 450). En el evento en que el sujeto obligado no haya realizado transacciones con activos virtuales dentro del término establecido, deberá informar a la UIAF de tal situación.
Así mismo, la Resolución impone a los sujetos obligados el deber de presentar un informe mensual sobre sus clientes activos, inactivos o desvinculados.
La Resolución se limita a indicar que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes consagrados en la Resolución da lugar a sanciones de carácter administrativo en cabeza de la Superintendencia de Sociedades o del organismo competente para el efecto.
La Resolución 314 de 2021 de la UIAF es sin duda un nuevo esfuerzo estatal por supervisar, analizar y monitorear las crecientes operaciones con activos virtuales en Colombia, que abre la puerta a nuevas exigencias regulatorias enfocadas en establecer condiciones particulares para llevar cualquier tipo de operaciones con activos virtuales en el país.
Nos parece importante destacar que la Resolución es el primer acto administrativo vinculante en incorporar el concepto de entidad prestadora de servicios de activos virtuales. Concepto que ya ha sido desarrollado en otros ordenamientos jurídicos y que, desarrollado adecuadamente, puede ser un habilitante para generar más confianza en los mercados de activos virtuales, reducir el riesgo relacionado al lavado de activos y financiación del terrorismo, y permitir su masificación.
Por ello, creemos que, así como es importante que las entidades prestadoras den un cumplimiento efectivo a la norma, es igualmente importante que desde la UIAF se hagan esfuerzos por entender las particularidades y características propias de los mercados de criptoactivos, a fin de que su labor no se convierta en una talanquera injustificada a las ventajas y beneficios que los activos virtuales pueden traer al consumidor financiero y a la economía colombiana.