Recientemente, en la Asociación Colombiana de Legal Tech (Alt+Co), se ha discutido sobre la pertinencia y oportunidad de aplicar el concepto de sandbox regulatorio a la implementación de nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la prestación de los servicios legales en Colombia. ¿Es posible y necesario?
La implementación de nuevas tecnologías en el sector financiero han puesto de presente la necesidad de una regulación que promueva la innovación, pero que a su vez garantice la protección del consumidor financiero. Las herramientas tradicionales regulatorias resultan ser insuficientes ante el voraz crecimiento de la oferta de productos financieros digitales que escapan, muchas veces, del ámbito de aplicación de la ley. Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia ha abierto la puerta a la creación de un sandbox regulatorio. Así, se busca permitir la entrada de nuevos jugadores al mercado con productos, actividades o soluciones tecnológicas cuya operación puede estar por fuera de lo permitido en la regulación vigente. Un sandbox regulatorio se define como un espacio de experimentación que permite a empresas innovadoras operar temporalmente, bajo ciertas reglas particulares de funcionamiento y estricta observación del supervisor (Herrera y Vadillo, 2018).
En ese sentido, esta nueva posibilidad de flexibilización regulatoria, pone sobre la mesa una discusión respecto de la viabilidad de aprovechar los beneficios de la tecnología en la prestación de servicios legales. Recientemente, en la Asociación Colombiana de Legal Tech (Alt+Co), se ha discutido sobre la pertinencia y oportunidad de aplicar el concepto de sandbox regulatorio a la implementación de nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la prestación de los servicios legales en Colombia. En particular, se pretende sostener que, si bien resulta fundamental mejorar la experiencia del usuario del sistema de justicia a través de la implementación de nuevas tecnologías, la creación de un sandbox regulatorio para tal fin podría no ser el mejor camino para lograrlo.
En primer lugar, mejorar la experiencia del usuario del sistema judicial resulta fundamental para favorecer la credibilidad en el sistema y garantizar un mecanismo efectivo de solución de controversias. Ello implica que es imperativo mejorar el acceso a la justicia a través de la reducción (o eliminación) de costos de transacción a los que se enfrenta el usuario cuando desea hacer efectivo algún derecho. Frente a este objetivo, son múltiples las ideas que pueden surgir para lograr su cumplimiento. Podría sugerirse una revisión de la operatividad de la justicia, con el ánimo de establecer qué tipo de procesos o mecanismos judiciales podrían sistematizarse. También, sería posible, a la luz de la implementación del concepto de sandbox regulatorio, la creación de micro espacios de estandarización de ciertos códigos de procedimiento con el ánimo de evaluar la respuesta del usuario, su satisfacción frente al proceso y la garantía de la protección de los derechos procesales de las partes. Incluso, podría proponerse aprovechar este espacio para crear decisiones estandarizadas de los jueces para la solución de determinadas controversias y evaluar las implicaciones que traería esta medida de aplicarse a todo el sistema judicial.
Si bien estas ideas pueden materializarse de la mano de herramientas tecnológicas de gran envergadura y a partir de la creación de un espacio de prueba controlado (sandbox regulatorio), su implementación puede no ser del todo clara. En principio, la aplicación del sandbox regulatorio a la prestación de servicios legales debería darse sobre las actividades que se encuentran expresamente prohibidas (en contraposición a lo que sucede con la actividad financiera). De otro modo, resulta fundamental determinar el órgano responsable de coordinar el sandbox regulatorio. Podría motivarse una coordinación interinstitucional, pero ello dependería de la vocación del regulador para generar las reformas necesarias para que el espacio controlado de prueba pueda darse. No obstante, no hay claridad respecto del tipo de jugadores que desearían entrar en este espacio de prueba: ¿existen los incentivos suficientes para que un agente privado decida innovar en materia de prestación de servicios legales? Dado que la administración de justicia es una actividad cuyo monopolio recae sobre el Estado, por construcción, el desarrollo de nuevas herramientas innovadoras en la prestación del servicio serían, en principio, una responsabilidad del sector público. Luego, el concepto de sandbox regulatorio aplicado a esta industria parecería de poca utilidad, toda vez que la modernización del sistema puede darse a través de decisiones legislativas. No obstante, es posible implementar un sistema de incentivos que motive a nuevos jugadores a invertir en la innovación de la prestación de servicios legales. Aunque, nuevamente, ello dependería de la voluntad del ente regulador de abrir este tipo de espacios. Además, no debe perderse de vista que no toda innovación tecnológica requiere estrictamente de un sandbox regulatorio. Ello debido a que, como es costumbre, la regulación viene detrás de la innovación tecnológica y la evolución del mercado.
«si bien resulta fundamental motivar el uso de nuevas tecnologías en la prestación de servicios legales y de acceso a la justicia, la implementación de un sandbox regulatorio a esta industria podría no ser el mejor camino para modernizar el sistema.«
En conclusión, si bien resulta fundamental motivar el uso de nuevas tecnologías en la prestación de servicios legales y de acceso a la justicia, la implementación de un sandbox regulatorio a esta industria podría no ser el mejor camino para modernizar el sistema. Ello se sustenta en la construcción misma del sistema judicial colombiano, la falta de incentivos para la participación de nuevos jugadores y la dependencia de la voluntad del regulador para promover la creación, consolidación e implementación de este tipo de ecosistemas de prueba.